Unos 3.036 millones se han invertido en acción social en Castilla y León entre 2007-2010, unos 277 más de los previstos, en una legislatura que ha supuesto un "gran avance en la protección social" y que concluye con 48.830 beneficiarios de la Ley de Dependencia y 6.200 solicitudes de la renta de ciudadanía.
Los datos los ha ofrecido hoy en rueda de prensa el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, tras presidir el Consejo Regional de Acción Social, que ha servido para hacer balance de legislatura en esta materia.
La Ley de Servicios Sociales, que supone un salto cualitativo en cuanto a que reconoce nuevos derechos subjetivos de los ciudadanos, y la de la Renta Garantizada de la Ciudadanía han sido, junto a los datos de atención a la dependencia que colocan a la comunidad como la primera en cuanto a prestaciones, los hechos más destacados de la legislatura, según el consejero.
Uno de los principales avances en la lucha contra la exclusión social ha sido la renta garantizada de ciudadanía, a la que se han presentado desde finales de diciembre unas 6.200 solicitudes, aunque todavía no ha habido ninguna resolución -hay tres meses de plazo desde su registro siempre que cumplan con todos los requisitos-, ya que en muchos casos se requiere información de otras administraciones.
Los primeros meses de las resoluciones darán la pauta para hacer una valoración y conocer su incidencia, ha señalado Antón, quien ha ofrecido los datos del antiguo Ingreso Mínimo de Inserción (englobado ahora en la citada renta básica), que en el 2007 contó con 2.147 beneficiarios con 11,9 millones de ayudas, que en el 2010 ya eran 3.444, con 16,4 millones de euros.
Otra de las patas de la acción social ha sido la aplicación de la Ley de Dependencia, que se ha llevado más de 2.000 millones de euros entre 2007-2010, con 86.113 solicitudes a fecha de febrero de 2011, frente a las 267 de los nueve meses de aplicación en 2007.
En cuanto a las resoluciones, alcanzan las 78.104 en febrero, con una resolución del 90 por ciento, cerca de 49.000 beneficiarios y más de 54.700 prestaciones reconocidas, que la convierten en la primera comunidad por este concepto.
En Castilla y León el 89 por ciento de los dependientes reciben prestaciones, casi quince puntos más que la media nacional, ha recordado Antón, quien ha criticado que la aportación de la Administración central a la dependencia haya sido de una media del 16,8 por ciento, mientras que el resto lo ha aportado la Comunidad.
Con estos datos, la aportación del Estado para ayuda a domicilio de los dependientes cubre veinte horas al mes de las noventa que corresponden a un gran dependiente y siete de las cuarenta que corresponden a un dependiente severo.
La aportación del Estado para los dependientes que requieran una residencia no llega ni para pagar tres días al mes, ha subrayado el consejero, quien ha incidido en que la aportación del Estado se ha recortado desde el 2007, cuando era de 280 euros al mes, hasta llegar a los 181,7 previstos para 2011.
El Consejo Regional de Acción Social ha participado en la mejora e información de un total de catorce normas, leyes, órdenes o decretos de la Consejería a lo largo de la legislatura, ha recordado el consejero.
Otros aspectos destacados en la acción social han sido la mejora del marco de colaboración con las corporaciones locales, que ha pasado de los 80 millones de 2007 a los más de 101 de 2010, un aumento del 26,3 por ciento; o el aumento de las plazas residenciales para mayores, con 3.936 nuevas plazas, que permiten una cobertura del 7,4 por ciento, por encima del 5 por ciento de la OMS y del 4,43 por ciento de cobertura nacional.
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