Todas las CCAA suspenden en aplicación de la ley de dependencia

JOSÉ A. ECHEVARRÍA PRESIDE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ASISTENCIA A LA DEPENDENCIA.

Afirma que los operadores privados sostienen el 75% de la aplicación de la norma.
Sostiene que el cuidador informal no resulta más económico que el profesional.
Defiende que una inversión para crear 4.000 plazas para dependientes genera un retorno de 12 millones.

El presidente de la Federación de Empresarios de Asistencia a la Dependencia, José Alberto Echevarría, visitó Redacción Médica para compartir con sus lectores sus impresiones acerca de la Ley de la Dependencia. A juicio de Echevarría, más de tres años después de su puesta en funcionamiento, ninguna comunidad autónoma está aplicando la normativa como debiera y se observan aún muchas lagunas.

Han pasado cuatro años desde que está en vigor la ley de dependencia. ¿Qué valoración hacen desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia de este periodo? ¿Quedan aún muchas desigualdades en las diferentes comunidades autónomas?

Efectivamente como ha señalado, la Ley de Dependencia se empieza a aplicar el uno de enero de 2007, con lo cual llevamos tres años y pico y efectivamente su impacto es muy desigual. Dependiendo de cada comunidad autónoma el avance que ha seguido la aplicación de la Ley es completamente diferente.

Por señalar sólo un ejemplo, el acuerdo de acreditación de centros y servicios, que es de finales de 2008, contaba con un año para su traslado y adaptación a las diferentes normativas autonómicas, y sin embargo, hasta la fecha sólo se ha trasladado en una comunidad autónoma que, para más señas, es Asturias.

Este acuerdo que he mencionado era una de las mayores esperanzas que nosotros teníamos en lo que a la aplicación de la Ley se refiere, y por eso aunque todas las leyes son mejorables, no quisimos entrar en el fondo del mismo y lo saludamos con muchísima alegría. Teníamos la esperanza de que viniera a poner un poquito de orden en toda la disparidad de normativas diferentes que hasta ahora existían.

Lógicamente, antes de que existiera esta Ley, había servicios sociales y se estaba manteniendo a estas personas, pero no bajo unos criterios comunes y unificadores. Se suponía que con la llegada de este acuerdo, todas las comunidades autónomas, o mejor dicho, todos los usuarios, independientemente de la autonomía en la que residieran, iban a recibir similares prestaciones, iban a contribuir al sistema de similar manera, etc, sin embargo, esto a día de hoy no se está haciendo.

Hablaba hace un momento de Asturias, pero como comenta es un poco complicado que cada comunidad autónoma adapte la normativa a su realidad. Se habla de diferentes ritmos en el proceso que conlleva la asignación de ayudas. ¿Qué valoración hace la Federación de la implicación de las autonomías en este sentido? ¿Hay algunas que tengan los deberes hechos? ¿Se ve más predisposición en alguna de ellas? ¿Cuál es el punto de vista de la Federación al respecto?

Aquí lo que vemos es cierta incongruencia por parte de las propias administraciones autonómicas. Por ejemplo, y si nos seguimos centrando en este acuerdo de acreditación de centros y servicios, que en definitiva es el que define con qué instalaciones, con qué medios, con qué protocolos y con qué personal se va a prestar el servicio a los usuarios, nos encontramos con que es un acuerdo fundamental. Si queremos unificar esta norma, la Ley de la Dependencia, es esencial que se establezca, por ejemplo, el tamaño de las habitaciones en las residencias, que tiene que ser similar. No puede haber seis metros de diferencia de tamaño de una comunidad a otra, por ejemplo, no son más grandes los vascongados que los andaluces.

Por lo tanto no puede haber esas diferencias totales y absolutas, hay que unificar esos criterios y eso era lo que tenía que hacer este acuerdo. El problema es que no lo unifica, se limita a establecer unas ratios mínimas, y una formación mínima que ha de tener el personal de atención directa. ¿Y esto cómo es posible?

Pues porque las distintas comunidades no han sido capaces de llegar a un acuerdo más allá de esos mínimos. Entonces dices...vamos a ver, si tan de mínimos lo has hecho, pues el traslado a tu normativa autonómica debe ser muy sencillo. Pero no ha sido así, no sólo no se llega a un acuerdo para decir con qué protocolos, con qué servicios, con qué profesionales, voy a llegar a atender a estas personas, sino que además después no lo traslado.

Hay quejas de los pacientes, de gente que recibe la ayuda una vez fallecida. Parece que hay poca agilidad en la valoración y después en la concesión efectiva de las ayudas.

Ese es otro de los temas incongruentes que podríamos encontrar. Una de las pocas cosas que es de ámbito nacional, porque es por Real Decreto, es el instrumento de valoración. Este instrumento es el mismo para todas las comunidades autónomas, pero lo tiene que llevar a cabo un equipo de valoración. Y ahí está el problema, porque en función de las comunidades autónomas los equipos son completamente diferentes, y resulta que dependiendo del perfil del equipo que pase este instrumento se hará una u otra valoración.

Se trata de un sistema de evaluación del grado de dependencia que no deja de ser subjetivo puesto que si el perfil de los miembros de ese equipo es más sanitario, se centrará en unos extremos y si es más social, se centrará en otros, y esto nos lleva a la paradoja de que siendo un instrumento en principio objetivo, hace una serie de preguntas que, dependiendo del perfil del equipo de valoración, nos dará unos grados de valoración diferentes. Se trata de algo que hemos testado nosotros: ante personas que están en la misma situación de dependencia, nos encontramos con que en una comunidad autónoma se les valora con un grado 3 nivel 2, y otra persona en distinta autonomía es valorada como un grado 2 nivel 1…cuatro grados de diferencia entre una y otra.

Echeverría con el director de Sanitaria 2000, Ricardo López, y dos de los redactores del periódico.

Al no haber unificación en los perfiles profesionales que se encargan de usar este instrumento, si tú a una persona le preguntas si come sola, te puede responder quesí, porque es una persona por ejemplo demenciada y come sola. Entonces un equipo con un perfil te diría que no necesita ayuda para la actividad básica de salud diaria. Sin embargo, si tienen otro perfil preguntarán, “vamos a ver, pero come sola porque usted se lo dice?...Sí claro, se lo tengo que decir porque si no, no come…¿Y deja de comer porque usted se lo dice? Sí, deja de comer porque yo se lo digo”. Esa persona sí es dependiente. Lo mismo, por ejemplo, para vestirse. Y esto nosotros lo sabemos. Por eso la diferencia de las valoraciones.

Por ello, otro de los temas que nosotros hemos planteado como necesarios en el Comité Consultivo es la unificación de estos equipos, que sean los mismos en todas las autonomías, para que las valoraciones sean semejantes.

Y respecto a la concesión de ayudas, ¿hay autonomías que tardan más o que conceden las ayudas con más o menos agilidad?

Ahora se ha tasado un tiempo para intentar evitar esto. Desde que se presenta la solicitud hasta que se lleva a cabo la valoración no puede pasar un periodo de más de seis meses. Eso es lo que se ha establecido. Nosotros queríamos ir más allá, pero no se nos permitió. Lo que nosotros pedíamos era que ese plazo fuese el máximo que pudiera transcurrir desde que la persona solicita la ayuda hasta que recibe realmente la prestación, pero no fue posible. No obstante, con esta solución al menos hemos avanzado en algo, porque efectivamente hay comunidades autónomas que en un plazo razonable, de seis o siete meses, están valorando el grado de dependencia de las personas, pero hay otras en las que este plazo se puede hasta cuadruplicar, y están tardando dos años desde la solicitud hasta la valoración, lo cual es ilógico.

En este punto también quiero señalar que aunque prefiero no decir cuáles son las que lo hacen mejor y las que lo hacen peor, el suspenso es generalizado. Quien aprueba en una cosa, suspende en otra, quien suspende en una, quizá está un poco mejor en otra, pero todas lo están haciendo mal, cuando no es por una cosa es por otra.

Sí que hay alguna que demuestre un especial interés, o que tenga más actitud de corregir…

No, yo ya he dado el suspenso. Efectivamente hay alguna comunidad, y estos son estadísticas del Imserso, y se puede ver que han tenido un gran grado de valoración, que han tenido un gran grado de prestación de servicios, pero sin embargo cuando ves el servicio que dan dices, “esto no es lo que dice la Ley”.

No se puede estar considerando como normal lo que es excepcional según la Ley. Entonces no me vale lo que se hace en algunas autonomías que dicen que están haciendo los deberes. Mi respuesta es que no, están haciendo muy mal los deberes, hacen muchos pero los hacen mal. ¿Qué hay otros que no los hacen? Cierto, pero entonces no sé que es peor, que no me presenten los deberes o que me los presenten todos hechos, pero todos mal.

Uno de los temas de los que más se habla es de la figura del cuidador informal. De hecho, hay muchas quejas acerca de su generalización, cuando, en principio, esta figura se concebía como una excepción, y de que todas las ayudas están yendo ahora mismo hacia el cuidador informal, que es algo que se pretendía evitar.

Efectivamente. Una cosa es excepcional cuando se da pocas veces, lo que no se puede hacer es que una excepcionalidad se haya convertido en más del 50 por ciento de todas las prestaciones. Esto es, el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia son cuatro, pero en realidad son cinco. El primero es prevención, y vemos que a nuestros amigos de Sanidad, a pesar de que hayamos unificado el Ministerio, ni están ni se les espera, y la prevención es clave.

Pero dejando aparte la prevención, estos pilares son teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y ámbito residencial. Éste es el catálogo de servicios. Señalaba la Ley, como excepcional, que en determinados casos, siempre que la persona y la vivienda reunieran las condiciones necesarias, se podría cuidar a este paciente en el domicilio por parte de un familiar o de una persona allegada.

Estamos hablando, no lo olvidemos, de los grandes dependientes, a los que, con carácter excepcional, se podría cuidar en el ámbito familiar pero que son personas que necesitan, por definición de la propia Ley, cuidados y atención las 24 horas del día a través de un servicio multiprofesional y especializado. Parece lógico que una persona no pueda dar esto. Pues bien, ahora mismo estamos en 300.000 cuidadores no profesionales o cuidadores informales. Esto es ilógico a todos los efectos. Parece más barato, pero un estudio que estamos haciendo demuestra que sale más caro.

Hablamos de temas económicos. Cuando se aprobó la Ley de Dependencia se hablaba de un gran impacto en la creación de trabajo hasta 2015, en concreto se mencionaban hasta 300.000 puestos de trabajo. A día de hoy, cómo está el asunto. ¿Va por buen camino?

Efectivamente, se hablaba de un gran impacto económico. No olvidemos que lo que estamos intentando poner en marcha, y esto son palabras de los diferentes ministros e incluso del propio presidente del Gobierno, es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que ya existe en otros países. Y esto suponía un gran impacto social y económico, con una generación de trabajo que podría rondar esos 300.000 puestos de trabajo según distintos estudios con la aplicación total y puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

La pregunta es: ¿Esto podría ser así? Pues sí. Porque atendiendo a las personas de más que habría que atender, lo que hace falta es personal, y además personal de calidad. Se trata de puestos de trabajo fijos, estables, con una profesionalización, y no deslocalizados, es decir, que lo que se invirtiera aquí, aquí se iba a quedar.

Una vez dicho esto, pasemos a cómo está la situación en 2010. Generación de puestos de trabajo netos después de tres años de la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, a nivel profesional, podríamos decir que no ha habido. Pero es que nos encontramos con algo peor, porque podemos empezar a entrar en la fase contraria y empezar a hablar de una destrucción de puestos de trabajo. Pero esto es de lógica, porque desde que se ha puesto en marcha la Ley, la proporción de plazas residenciales vacías en el sector privado está creciendo, y está y lo está haciendo de manera preocupante. Hay muchas empresas que están ahora mismo al borde de su viabilidad económica. Si el 20 por ciento de las plazas, de media para toda España, están vacías, como esto vaya para abajo y siga creciendo este número, el cierre de empresas será efectivo y masivo, y se empezarán a destruir puestos de trabajos.

Por lo tanto, ni siquiera se puede hacer una valoración de los puestos de trabajo creados porque está la cosa igual que estaba hace tres años

Sí, como puestos de trabajo netos no se ha creado. Pero es algo de lógica. Si no han aumentado las horas de prestación de ayuda a domicilio, no han aumentado las plazas en centros de día y no han aumentado las plazas residenciales, no se han podido generar puestos de trabajo.

Por supuesto, cuando se hace referencia a esto, las diferentes administraciones autonómicas dicen: “Yo he creado plazas residenciales, a través de la concertación con vuestro sector”. Y es cierto, pero lo que ha habido es una reconversión.

Es decir, que lo que yo antes tenía en privado, ahora lo tengo en público, pero no tengo más, tengo lo mismo, e incluso en algunos casos, menos, porque mis plazas residenciales vacías son más.

En este sentido, es cierto que la Administración ha ido creando plazas residenciales para atender a la Ley de la Dependencia, pero son plazas residenciales que ya existían. Yo estaba prestando ese servicio en privado, y ahora ha pasado a ser un servicio público, pero yo no necesito más personal, porque además, la concertación al empresario le ha supuesto una bajada del precio que se cobra.

¿Cuáles son los grandes defectos, las grandes lagunas de la Ley?

Uno de ellos ya lo hemos señalado y es fundamental. La Ley tiene que ser unificadora de criterios. No podemos pasar de 17 normativas autonómicas a una legislación a nivel nacional y que esto se convierta en que haya 17 leyes autonómicas perfectamente diferentes. Tan perfectamente diferentes que el usuario va a contribuir al sistema de una forma o de otra dependiendo de la comunidad en la que resida. Esta es la realidad de lo que va a pasar. Va a pagar diferente, va a recibir diferentes servicios y va a ser atendido de diferente forma.

Y esto es lo primero que hay que solucionar, hay que volvérselo a plantear, desde el ámbito que sea, independientemente de si es a través del Pacto de Toledo o si es unificándolo porque es competencia de las autonomías. Yo de eso no entiendo, no me preocupa. Lo que el Estado está diciendo es que todos los usuarios tienen derecho a recibir la misma prestación, a contribuir de la misma forma, pero arréglenlo ustedes, las administraciones. Es necesario que el mínimo sea respetado por todo el mundo, y que sea claro tanto para los operadores como para los usuarios. Es kafkiano que una persona que vive en una comunidad autónoma limítrofe con otra esté recibiendo prestaciones completamente distintas.

Segundo, y al hilo de todo esto, no basta con crear ese cuarto pilar. También hay que sostenerlo financieramente. Yo fui muy criticado cuando al principio dije “esto no es un derecho universal”. Y decían “cómo que no, si lo dice la Ley”. No. Un derecho universal es cuando está garantizado y esto no está garantizado, está al albur de los Presupuestos Generales del Estado de cada gobierno, que decidirá si pone más o pone menos. Si pone menos, no estás garantizando que todas las personas que estén en situación de dependencia tengan este derecho. Por lo tanto, garantícemelo.

Tercero, dótelo. Financieramente hablando. No se está dotando. Hay estudios, como el de la Fundación La Caixa, que dicen que para 2015 harán falta más de 12.000 millones de euros sobre los que ya están previstos, sólo con las condiciones que ahora están saliendo. Y hay noticias preocupantes como que nos van a recortar encima 10.000 millones.

No sé cómo vamos a atender a las personas. No sólo no hay sostenibilidad financiera, es que no hay recursos. Estamos poniendo al borde de la bancarrota a los empresarios. Y no olvidemos que los operadores privados estamos sosteniendo el 75 por ciento de la aplicación de la Ley. Porque, entre otras cosas, el sistema público necesitaría realizar una inversión brutal que no está en capacidad de hacer para poder dar esa atención desde lo público. Pero dejando de lado las inversiones, la plaza pública cuesta tres veces más veces que cuando nos la dan a gestionar a nosotros. Lógico. Nosotros sabemos gestionar. La administración está para buscar los recursos, para garantizar los recursos, para verificar que se dan con toda la calidad que sea necesaria, pero no para gestionar. En este punto tenemos que ser serios y sensatos, porque están poniendo al borde de la quiebra a los operadores.

Otro aspecto llamativo es el que se refiere a la existencia de plazas vacías. Llama la atención que, mientras que muchas personas están encontrando dificultades para encontrar plazas, desde la Federación se denuncia un número bastante alto de plazas vacías. ¿Cómo es entendible esto?

Es muy sencillo. La persona que está buscando entrar en una residencia lo está haciendo a través del sistema público. Lo que hay es una lista de espera de atención a la dependencia pública. En residencias privadas, sólo con las pertenecientes a nuestra Federación, estamos hablando de 42.500 plazas vacías. Y si lo trasladamos a aquella gente que no está en la Federación, podríamos estar hablando de más de 50.000 plazas vacías en España.

¿Qué es lo que ha pasado? Que la persona que ha viso que con la aplicación de la Ley de Dependencia va a recibir una ayuda del Estado, está esperando esta ayuda. Todas esas personas son potenciales clientes que nos estarían entrando a nosotros y que no lo están haciendo. Hoy en día, todo el que quiera entrar en una residencia lo puede hacer, pero claro, pagando.

¿Qué es lo que pasa? Que ahora, hay una lista de espera de más de 300.000 personas que ya están valorados pero no están recibiendo ninguna ayuda.

Entonces, es un problema de agilidad.

Correcto. Pero la agilidad tiene un componente económico. Las comunidades autónomas tienen que pagar los costes de esa plaza, y ahí es donde esa agilidad se hace más lenta.

Cómo conciertan con las diferentes autonomías las plazas. ¿Hay criterios comunes? ¿Se aprecia la existencia de administraciones más proclives a concertar?

Como en todo, hay 17 mundos completamente diferentes. Dependiendo de la autonomía de la que estemos hablando, son plazas de adjudicación directa. Es decir, que una vez que se acredita para concertar con esa comunidad, que te pide unas exigencias mayores que cuando estás simplemente autorizado, en cuanto a personal, instalaciones, etc, se te asigna un determinado número de plazas concertadas.

Hay otras autonomías que van vía concurso. Sacan las plazas que quieren concertar a concurso y al mejor postor. Salen con un precio y una de las valoraciones para acceder a esa plaza es la bajada del precio, hasta llegar al 40 por ciento.

Y se preguntan cómo es que si nos quejamos de los precios tan bajos que tenemos para la prestación de servicios, lo cual es objetivamente cierto, podemos bajar aún más los precios. Pues muy sencillo. Eso es por desesperación. Tengo que bajar el precio porque antes que tener la plaza residencial vacía prefiero tenerla ocupada a menos precio. Pero la culpa es tuya, administración, porque deberías valorar cuánto vale la plaza, y una vez valorada, no permitir ninguna bajada de precio. Eres tú quien me está condenando a la bajada de precio.

En este sentido, ¿cuántas plazas concertadas existen en estos momentos en cada autonomía y como se distribuyen entre las diferentes regiones?

No sabría decir el número exacto, pero sí que son del orden de 80.000 plazas concertadas en toda España, con una gran diferencia entre comunidades autónomas. Es más, hay una comunidad, (Aragón), que no tiene plazas concertadas con el sector privado y que va a empezar este año con un concurso.

¿Alguna se acerca a una proporción idónea a su juicio? ¿Cuál sería esa proporción adecuada?

En esto no tenemos opinión. En todo lo que se refiere a las plazas concertadas no es que nos gusten más o menos, es que según la Ley de la Dependencia todas las personas que necesiten una atención residencial la tienen que recibir, y por lo tanto la proporción de plazas concertadas debe ser la que sea suficiente para ello. Eso sí, no me cambies esta necesidad residencial de una persona, gran dependiente, por un cuidador informal, que es lo que está ocurriendo.

Los grandes dependientes, en su inmensa mayoría, lo que necesitan es una atención directa y especializada que sólo se puede dar en un centro residencial. Hay muy pocos cuidados a grandes dependientes que se puedan garantizar con otros servicios de apoyo. Y en todo caso, esos servicios de apoyo, siempre deben ser suministrados por profesionales. Que esta persona por sus características de dependencias quiere y puede quedarse en su domicilio, perfecto, pero que la atención que reciba sea profesional. No se puede condenar a una persona, familiar o no, sin preparación y sin formación, a cuidar a esta persona dependiente las 24 horas al día los 365 días del año, con una paguita de 400 euros. Estamos entrando en el subempleo, y en muchas ocasiones, son mujeres, y las estamos condenando a ello. Y precisamente la Ley nace para evitar eso y para cuidar a las personas que lo necesiten, pero a través de servicios profesionales.

Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje adecuado? El que se necesite.

Hablaba del error en que se puede caer al pensar que es más económico emplear el recurso del cuidador informal que un servicio profesional, y apuntaba algún dato recogido por la Federación. ¿Puede hablarnos un poco más de ellos?

Nosotros ya preveíamos que no podía ser más económico el cuidador informal porque aunque esos casi 500 euros frente a los 1.500-1.600 que puede costar de media una residencia, hacen que se tienda a pensar que te está costando tres veces menos, la realidad es que hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, sólo con una derivación hospitalaria que evites al mes por tenerlo en un centro residencial que tiene servicio médico, de enfermería, etc, ahorras los 500-600 euros que cuesta en un hospital una plaza al día más los traslados. Por lo tanto, sólo con evitar esto, te compensaría.

Pero nos hemos puesto más objetivos, incluso. Y hemos dicho…vamos a ver, cuánto vale el cuidador informal. Algo más de 500 euros con la Seguridad Social. Cuánto te vale una plaza residencial, 1.600 euros. Piense que de los 500 euros del cuidador informal no hay ningún retorno económico, si tu pagas una plaza residencial, por cada dos plazas que estés pagando vas a crear un puesto de trabajo, ésa es la ratio. Vas a tener unos retornos por IVA, por IRPF, por cotización de Seguridad Social. Y esto es lo que nos ha sorprendido en el estudio. Por ejemplo, en Valencia, sobre las 4.000 plazas que hay, el coste de pagar esas plazas con el retorno sumado puro y duro, deja de pagar 3.000 puestos de trabajo, prestación de desempleo, con el IVA, con el IRPF, con la cotización a la Seguridad Social, etc. El balance que queda después de pagarlo es positivo para la administración, en 12 millones de euros. Sin embargo, el cuidador informal es puro gasto. Esta vía sale, de coste 50 millones de euros, y retorno 62 millones de euros. Y esto sin entrar en valoraciones subjetivas, acreditaciones hospitalarias, menor coste sanitario, menor coste de farmacia, si no que sólo, en valoración positiva, la administración en su conjunto recibe esos doce millones de euros.

Visto esto, nos preguntamos cómo no se hace, si se estaría creando más puestos de trabajo que son necesarios en un momento dado, y además se estaría ahorrando dinero a la administración. Pues muy sencillo, porque este coste se reparte de diferentes maneras entre el Estado y las comunidades autónomas. Quien soporta el mayor coste a la hora de pagar la plaza residencial son las autonomías, y esto es uno de los temas más irritantes, porque tendría que ser algo que se financiase al 50 por ciento, para garantizar un nivel mínimo de servicio al ciudadano por parte del Estado, pero eso no se cumple. De hecho, ahora mismo se está hablando de que el Estado soporta un 20 por ciento de media, cuando deberíamos estar hablando de ese 50 por ciento. El resto lo están poniendo las comunidades autónomas, a las que les está suponiendo el 80 por ciento del gasto, pero que sin embargo no reciben nada del retorno, que se va por completo a la administración del Estado.

¿Cómo se recibe ese retorno? Por las prestaciones de la seguridad social, que las recauda la Administración General del Estado. Por lo tanto, a la comunidad autónoma, sí le compensa tener un cuidador informal que le va a costar 7 millones de euros, porque la plaza residencial le va a costar mucho más. Sin embargo, a la Administración General del Estado, la plaza residencial le sale a siete millones de euros y el retorno a cuarenta y tantos. Le sale ideal porque la que paga más es la comunidad autónoma.

Por esta falta de acuerdo, que es un asunto en el que nosotros vamos a hacer mucho hincapié y vamos a dar toda la guerra que tengamos que dar como usuarios y como administradores del servicio, no se crean puestos de trabajo y no se atiende a los usuarios como se debería y no se está evitando más deuda pública. Todo simplemente porque hay dos administraciones que no se ponen de acuerdo. Pues perdón, pero para mí, como usuario o como empresario, la administración es una. Me da igual que sea la del Estado o la de las comunidades autónomas. Yo soy el administrado y usted es la administración, por lo tanto lo que tienen que hacer es ponerse las pilas. Hay que demostrarles lo que necesitamos los ciudadanos como conjunto.

Hablaba hace un momento del retorno por IVA. Ése es otro de los temas que preocupan a la Federación, solicitan una rebaja del IVA como sí se ha anunciado para algunos sectores, pero que no parece que por el momento se haya hecho efectivo. No sé si están pendientes de alguna novedad en este sentido.

Sí parece que pueda haber alguna novedad. Nosotros llevamos años siendo muy peleones con este tema, pero hay que tener en cuenta que, a los empresarios como tales, nos afecta bastante poco este tema, es a los usuarios a los que sí les afecta. No cabe duda. Si un usuario en lugar de tener que pagar un 8 por ciento de IVA, paga un 4 por ciento, que además es un gasto puro para ellos que no pueden deducir de ningún sitio, está claro que es mucho más sencillo para ellos acceder a los servicios. Es algo que se ve por lógica.

¿Por qué este servicio no está entre los de primera necesidad con un IVA súper reducido, como sanidad? Pues no sólo eso, sino que además nos lo quieren subir del 7 al 8 por ciento. Es una cuestión que no entendemos, por sensatez y por facilidad de acceso para los propios usuarios.

A los usuarios, con el cargo de servicios que están haciendo, les cuesta por encima de los 100 millones de euros. Esto es más de lo que nos va a subir la pensión, por ejemplo. Por eso parece ilógico que no se pase al IVA súper reducido. Y esto se lo hemos explicado al propio presidente del Gobierno y le hemos escrito desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia diciéndoselo en este mismo sentido y la única respuesta que hemos recibido es que está preocupado por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Sin más. Yo también estoy preocupado, pero lo que le estoy diciendo es que quiero que me rebaje el IVA, nada más.

Hemos seguido insistiendo sobre el tema porque nos parecía demencial que se rebaje para la rehabilitación de viviendas nueve puntos de un 16 por ciento a un 7 por ciento y que a nosotros se nos niegue una bajada de tres puntos. ¿Es que vamos a cambiar el modelo productivo del país, basado en la construcción, fomentando otra vez la construcción? Nos parece ilógico. ¿Qué también lo bajen para el turismo? Ciertamente es una de nuestras actividades fundamentales, pues que lo bajen, pero no hay que perder de vista que no es lo mismo irse de vacaciones que atender a nuestros mayores. Nosotros creo que estamos pidiendo algo que es de justicia.

De hecho, sabemos que CIU va a presentar en el Parlamento una propuesta para bajar el IVA de los servicios sociales del 7 por ciento al 4. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa propuesta, si sale adelante y qué postura adopta cada uno.

Siguiendo con los elementos económicos que rodean la realidad de la ley de la dependencia, hace un año hablábamos con usted en Redacción Médica y se mostraba preocupado por el posible aumento de la ratio de empleados en los centros. No sé en qué punto está este aspecto. ¿Está resuelto? Y si es así, ¿se ha resuelto de la manera adecuada?

Efectivamente. Como dice, estábamos preocupados por este tema, pero ya se ha resuelto por el acuerdo de acreditaciones de Centros y Servicios de 2008. En este sentido, he de aclarar que nosotros no estábamos preocupados por la ratio de personal. La ratio debe ser la que sea, la que se considere necesaria para prestar un servicio de calidad. Es más, si nos sentásemos con las propias administraciones, a lo mejor podíamos decir en qué ámbitos específicos se necesita aumentar esa ratio y, como contrapartida, en cuáles ser podría reducir un poco. Es decir, que podría haber soluciones consensuadas porque yo creo, de verdad, que lo que todos queremos es prestar servicios de calidad. Y eso no implica tanto el número de trabajadores que haya, aunque está claro que tiene que haber un volumen mínimo para poder prestar el servicio de forma adecuada.

Lo que sí nos preocupa es que tiene que haber unos ratios determinados y hay unos precios de concertación que, según estudios serios y revisiones, no cubren el coste de la plaza de asistencia. Esto es lo que nos preocupaba. El coste de concertación ha subido muy poco, pero si pasamos de una ratio media del 0,33 al 0,40 y por lo tanto tenemos que contratar más gente… Si no sube el precio de la plaza, ¿cómo vamos a poder cubrir esos gastos? Eso era lo que nos preocupaba.

¿Hay que aumentar ratios? Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto. Si eso va a servir para prestar un servicio de calidad. Pero, esto debe conllevar un aumento del precio de la plaza. Cuando yo me reúno con las diferentes administraciones, esto es lo que les digo. Hay que hacer algo tan sencillo como coger lápiz y papel y hacer cuentas. No hay que hacer logaritmos neperianos ni aplicar grandes fórmulas. Es solo una cuestión de sumar y restar, por un lado qué es lo que tienes en cuanto a instalaciones, personal, etc, y qué es lo que cuesta. Y lo tenemos ahí: por un lado lo que me cuesta, por otro lado lo que yo recibo, un pequeño porcentaje de beneficio industrial…y ya está.

Estamos demostrándoles que ahora mismo el precio de concertación no llega a cubrir el coste del servicio, no podemos hacernos cargo de esos costes. Y ellos lo que nos dicen es que no pueden aumentar los precios de concertación. Yo les creo, pero entonces que no quieran aumentarnos la ratio, porque nos llevan a la ruina.

Siguiendo con esta reflexión de carácter económico, supongo que toda la situación económica actual debe estar también influyendo en el sector y en la forma en que las administraciones están atendiendo sus peticiones. ¿Qué influencia ha tenido la crisis en el sector?

Se está notando, supongo que como en todos los sectores. Nosotros lo notamos, por ejemplo en el caso de las plazas públicas, en la no subida del precio de las plazas. En los mejores casos se ha podido subir el IPC, pero nada más. Aunque las administraciones saben que lo estamos pasando mal y que ahora mismo no se cubren los costes de la plaza, no se puede ni hablar de subir el precio de concertación.

En segundo lugar, se ha notado con el número de plazas creadas. No se crean más plazas, que es algo que no es que yo lo pida, es que es algo a los que se han comprometido con los usuarios con la Ley de la Dependencia, y las comunidades ya han dicho que no pueden seguir así. Hay casos en los que llevan sin pagar seis meses. Nos vuelven locos auténticamente, porque a lo mejor los grandes grupos hospitalarios sí que pueden aguantar estos retrasos en los pagos, pero el empresario medio no puede aguantar este tipo de retraso. Con la crisis y viendo esto…

Antes, cuando tenías que adquirir cualquier material, con la factura de la administración era relativamente fácil hacerlo, pero ahora ya no, porque están constantemente facturas de servicios prestados y no cobrados. Constantemente tienes que pagar un IVA de una factura que no has cobrado, un impuesto de sociedades trimestral de unos beneficios que no has tenido, o sea, una situación demencial.

Me gustaría también tocar el tema de la situación en la que se encuentran los profesionales sanitarios. Se habla de que son plazas poco apetecibles, de que son destinos poco solicitados… ¿Cuál es la realidad del sanitario que trabaja en una residencia?

Pues la situación es compleja, primero porque los facultativos que debemos tener son distintos según la comunidad. Hay algunas en las que cuando conciertas con ellos sí te establecen unas horas de médicos y enfermeras en la residencia que tienes que cumplir obligatoriamente y otras que no. Entonces hay comunidades autónomas que, en la normativa, ya te señalan el número de médicos y enfermeras que debes tener.

Nosotros, en todos nuestros centros contamos con servicio médico y con enfermeros y a ojos de buen cubero nos harían falta unos 2.000 profesionales más. Hay que entender y tener en cuenta que sí es un destino poco apetecible y más vocacional de lo normal. Desde luego, el médico al que le gusta la clínica, no quiere trabajar en esto. Y eso que no pagamos según convenio, sino que pagamos más, pero aún así no podemos competir con los hospitales y los centros de atención primaria y tenemos muchas dificultades para encontrar médicos, pero mucho más aún para encontrar enfermeras.

Y en este sentido, se está recurriendo a médicos extracomunitarios para cubrir esta falta de personal…

Es que no te queda otra. Es decir, el servicio lo tienes que tener y entonces lo empiezas a cubrir con médicos extracomunitarios. Esto es una pena porque en España, que tanto se habla de que hay que mejorar la formación y que hay que subir las notas de corte de los alumnos que entran a las facultades de medicina porque tienen que ser maravillosos y estupendos profesionales, y sin embargo, a la hora de la verdad nos están atendiendo profesionales que no se han formado desde esos criterios y que ocupan puestos que nuestros médicos no cubren. Creo que es necesario imprimir un poco de coherencia en todo esto.

Y supongo que esas dificultades afectan de un modo distinto al medio rural y al urbano… Supongo que será más fácil encontrar profesionales para trabajar en residencias de las grandes ciudades y más difícil al contrario. ¿Implica también esto dificultades de acceso por parte de los ciudadanos ¿Les cuesta más a los que viven en zonas rurales acceder a la residencia?

Ciertamente hay diferencias, y diferencias grandes además, no solo entre comunidades sino también entre municipios. Esto es algo que nos han comentado en algunas comunidades.

Hay administraciones que nos han comentado que tienen plazas vacías. En ese momento, nosotros siempre preguntamos, de acuerdo ¿dónde las tenéis? Y nos dijeron que las tenían en las grandes ciudades. Pero, efectivamente, en pequeños municipios de comunidades como Castilla y León, Andalucía, es complicado intentar montar una residencia en cada pueblo o alrededores. De hecho, ha pasado más de una vez que, por criterios políticos, se han creado residencias públicas en algunos municipios que ahora la tienen ocupada sólo al 15 por ciento porque no hay volumen suficiente de usuarios que justifique tener ahí una residencia. Por eso hay que hacer un cambio de mentalidad por parte de los usuarios, porque es imposible construir una residencia en todos y cada uno de los municipios, simplemente porque es inviable en el ámbito rural.

Y también es necesario un cambio de mentalidad importante por parte de las administraciones a la hora de evaluar, por un lado dónde necesito tener recursos y, por otro lado, con qué recursos cuento tanto públicos como privados y hacer un mapa de recursos para poder definir dónde voy a poder proporcionar un servicio y cómo puedo hacerlo de una manera racional. Y en cuanto al tema de los profesionales, ciertamente, no hay la misma facilidad para encontrarlos en el ámbito urbano, donde es relativamente sencillo, que en el ámbito rural, que cuesta bastante más.

Y finalmente, para terminar, me gustaría pedirle una valoración de la actuación de la ministra Trinidad Jiménez ahora que se cumple un año de su llegada al ministerio con la promesa de unificar las políticas sanitarias y sociales. Desde su sector ¿se ha notado algún progreso o mejora en la gestión de las políticas socio sanitarias? ¿Qué valoración hace de la actuación de la ministra?

Bueno pues ésta sería la cuarta pata que necesitamos para poner en marcha la Ley de la Dependencia, que nace sin una definición de lo que es la política socio-sanitaria. Se habla de la necesidad de definir cómo se debe llevar a cabo la coordinación socio sanitaria y no cabe duda es que se trata de una ley que tiene un componente de coordinación sanitaria y tiene un rango social.

Sin embargo, de cara al ministerio, la unificación me sigue resultando bicéfala. Parece que la ministra de sanidad y la ministra de asuntos sociales se miran al espejo y no son capaces de coordinarse y esto es muy, muy, necesario y fundamental para la buena aplicación de la Ley y facilitaría mucho hablar de muchos temas. Por ejemplo de Éste que estábamos comentando sobre las instalaciones hospitalarias, las necesidades de médicos, de los médicos de nuestras residencias que no tienen capacidad para hacer recetas y que tienen que derivar a los pacientes a primaria, de la posibilidad de concertar atención de urgencias a los ancianos de las residencias….

Todo esto por el momento no se está haciendo y por eso nosotros también estamos intentando definir un modelo socio sanitario que nos permita poner en marcha todo esto.

Fuente: redaccionmedica.com