Madrid pierde a 3.400 dependientes por el camino
Unos 3.400 madrileños dependientes han 'desaparecido' de las listas oficiales de la dependencia, la mayoría por haber fallecido antes de empezar a recibir el servicio o prestación que la ley les reconoce.
Los muertos han tardado más de dos años en abandonar las listas de la dependencia. Su desaparición dejó un vacío que varias comunidades autónomas se resistían a hacer público. Así que, cuando los datos siempre puntuales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) estatal aparecieron en la web a principios de junio, el alboroto autonómico provocó que se retiraran hasta varios días después, cuando volvieron a aparecer, definitivamente depurados y con criterios unificados. Madrid se quedaba con 19.249 personas ya valoradas a la espera de su prestación tras la 'pérdida' de 3.400 por el camino.
Todas estas personas se habían 'caído' de las listas por fallecimiento o por baja en el sistema de atención a la dependencia. De estas 'bajas', 2.050 corresponden a personas que contaban con Programa Individualizado de Atención (PIA), esto es, con un servicio o prestación fijado por la Administración regional. “Hay que tener en cuenta que en una población tan envejecida se produce un elevado número de fallecimientos”, explicaron fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Un colectivo envejecido
En efecto, según los datos del SAAD, la mitad de los solicitantes de la Ley de Dependencia tienen más de 80 años, y otro 26 por ciento entre 65 y 79. En Madrid, el porcentaje de mayores de 80 años valorados a finales de 2008 era aún mayor que la media nacional y alcanzaba el 58 por ciento. Por eso, los plazos fijados por la Consejería en diciembre de 2008 para evaluar el grado de dependencia —seis meses— y para elaborar el PIA —otros seis— se convierten en una eternidad para estas personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.
Por otro lado, según la Consejería, esos plazos sirven para las solicitudes posteriores a diciembre de 2008, pero no para las anteriores, que, de hecho, están tardando aún más. Y así queda reflejado en las estadísticas, pues, mes tras mes, en Madrid, más de la mitad de los ‘dependientes oficiales’ —aquellos que ya han sido reconocidos como tales— sigue sin saber qué tipo de ayuda va a recibir.
En el furgón de cola
Madrid, la ‘locomotora económica’ del país, sigue sin abandonar el furgón de cola de la dependencia. Los dependientes madrileños ganaron por goleada al resto de los españoles a la hora de quejarse ante el Defensor del Pueblo por demoras en la aplicación de esta ley. La Asociación de Minusválidos de Alcorcón, que tramita reclamaciones relacionadas con la Ley de Dependencia, asegura que “el 99 por ciento” de ellas se refieren a retrasos que, en ocasiones, superan los dos años.
El departamento que dirige Engracia Hidalgo reconoce que “lo que más tarda es el PIA”, es decir, la concreción del servicio, y que esa demora “depende de varios factores como, por ejemplo, el tipo de recurso o prestación que se solicite, el calendario de aplicación de la ley, el grado y el nivel que se reconozca”.
20 meses para cobrar
Así, salvo que el solicitante se encuentre ya recibiendo un servicio —por ejemplo una residencia pública— y este se plasme directamente en el PIA, la ayuda puede tardar muchos meses en llegar. “Las solicitudes de los que piden una residencia o centro de día, por lo general, no se están resolviendo, y los que solicitan una prestación económica para cuidados en el entorno familiar tardan hasta 20 meses en empezar a cobrarla”, apunta José Tomás Ausín, abogado de la Asociación de Minusválidos de Alcorcón.
Se da la circunstancia de que, según la Comunidad, la crisis ha provocado que, en los últimos meses, cada vez más personas pidan la prestación económica —unos 500 euros mensuales— y menos servicios como residencias, centros de día o ayuda a domicilio, a pesar de que la Ley de Dependencia establece que el dinero se otorgará “con carácter excepcional”. Pero hay una buena noticia: Madrid es una de las comunidades autónomas que han reconocido la retroactividad de las prestaciones al amparo de esta ley. Es decir, que si en el peor de los casos la persona dependiente fallece esperando la ayuda, los familiares podrán cobrar lo que la Administración les adeude desde el momento de la solicitud hasta el fallecimiento.
Todas estas personas se habían 'caído' de las listas por fallecimiento o por baja en el sistema de atención a la dependencia. De estas 'bajas', 2.050 corresponden a personas que contaban con Programa Individualizado de Atención (PIA), esto es, con un servicio o prestación fijado por la Administración regional. “Hay que tener en cuenta que en una población tan envejecida se produce un elevado número de fallecimientos”, explicaron fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.Un colectivo envejecido
En efecto, según los datos del SAAD, la mitad de los solicitantes de la Ley de Dependencia tienen más de 80 años, y otro 26 por ciento entre 65 y 79. En Madrid, el porcentaje de mayores de 80 años valorados a finales de 2008 era aún mayor que la media nacional y alcanzaba el 58 por ciento. Por eso, los plazos fijados por la Consejería en diciembre de 2008 para evaluar el grado de dependencia —seis meses— y para elaborar el PIA —otros seis— se convierten en una eternidad para estas personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.
Por otro lado, según la Consejería, esos plazos sirven para las solicitudes posteriores a diciembre de 2008, pero no para las anteriores, que, de hecho, están tardando aún más. Y así queda reflejado en las estadísticas, pues, mes tras mes, en Madrid, más de la mitad de los ‘dependientes oficiales’ —aquellos que ya han sido reconocidos como tales— sigue sin saber qué tipo de ayuda va a recibir.
En el furgón de colaMadrid, la ‘locomotora económica’ del país, sigue sin abandonar el furgón de cola de la dependencia. Los dependientes madrileños ganaron por goleada al resto de los españoles a la hora de quejarse ante el Defensor del Pueblo por demoras en la aplicación de esta ley. La Asociación de Minusválidos de Alcorcón, que tramita reclamaciones relacionadas con la Ley de Dependencia, asegura que “el 99 por ciento” de ellas se refieren a retrasos que, en ocasiones, superan los dos años.
El departamento que dirige Engracia Hidalgo reconoce que “lo que más tarda es el PIA”, es decir, la concreción del servicio, y que esa demora “depende de varios factores como, por ejemplo, el tipo de recurso o prestación que se solicite, el calendario de aplicación de la ley, el grado y el nivel que se reconozca”.
20 meses para cobrarAsí, salvo que el solicitante se encuentre ya recibiendo un servicio —por ejemplo una residencia pública— y este se plasme directamente en el PIA, la ayuda puede tardar muchos meses en llegar. “Las solicitudes de los que piden una residencia o centro de día, por lo general, no se están resolviendo, y los que solicitan una prestación económica para cuidados en el entorno familiar tardan hasta 20 meses en empezar a cobrarla”, apunta José Tomás Ausín, abogado de la Asociación de Minusválidos de Alcorcón.
Se da la circunstancia de que, según la Comunidad, la crisis ha provocado que, en los últimos meses, cada vez más personas pidan la prestación económica —unos 500 euros mensuales— y menos servicios como residencias, centros de día o ayuda a domicilio, a pesar de que la Ley de Dependencia establece que el dinero se otorgará “con carácter excepcional”. Pero hay una buena noticia: Madrid es una de las comunidades autónomas que han reconocido la retroactividad de las prestaciones al amparo de esta ley. Es decir, que si en el peor de los casos la persona dependiente fallece esperando la ayuda, los familiares podrán cobrar lo que la Administración les adeude desde el momento de la solicitud hasta el fallecimiento.
Fuente: madridiario.es
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