Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, explica en el Congreso y el Senado que de la norma se benefician ya 40.000 personas, y destaca el fomento del empleo, la accesibilidad y la dependencia como ejes de las políticas sobre discapacidad.
La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Estado para explicar lo referido a su departamento, se ha referido a que el Gobierno ha incrementado en un 33 por ciento, respecto a la cantidad establecida en 2008, la financiación de la Ley de Dependencia para 2009. La Ley de Dependencia es la prioridad en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Política Social, que aumenta un 12,1 por ciento respecto a 2008 y asciende a 1671 millones de euros.El Gobierno destinará en 2009 un total de 1.158 millones de euros a financiar la Ley de Dependencia (871 millones en 2008), y Valcarce ha recordado que las previsiones de la memoria económica de la norma para 2009 situaban la financiación en 979 millones de euros.
La secretaria de Estado también ha destacado la partida destinada al Plan Concertado de Servicios Sociales, con la que se financia, en colaboración con las comunidades autónomas, la red básica de servicios sociales. En 2009, el Gobierno destinará 96,1 millones a este plan, un 1,1% más que el pasado año.Además, Valcarce ha resaltado la inversión prevista para la construcción o puesta en marcha de centros de referencia nacional en la atención a personas dependientes y en la investigación sobre determinadas áreas. En 2009, el Gobierno destinará 15,9 millones de euros a estos centros.
Previamente, en su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado recordó las importantes iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de discapacidad: además de a la Ley de Dependencia, se refirió a la Ley de Lengua de Signos y de Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral, a la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de vulneración de derechos de las personas con discapacidad, a la puesta en marcha del Plan ADO Paralímpico o a la aprobación de los reales decretos que regulan la accesibilidad en edificios, transportes o en el acceso a la sociedad de la información.
Además, la secretaria de Estado añadió que España fue uno de los países impulsores de la reciente Convención de la ONU sobre Discapacidad y uno de los primeros en ratificarla.
Estrategia Global de Acción para el Empelo de discapacitados
Según ha resumido Valcarce, las políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad, el impulso de la accesibilidad y la atención a las personas con discapacidad que necesitan apoyos son los ejes de las políticas de su departamento en esta materia.En materia de empleo, el Gobierno ha aprobado recientemente la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, que ha sido elaborada en colaboración con los agentes sociales y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad. La estrategia se centra en dos líneas prioritarias, atendiendo a las personas con discapacidad inactivas y a defender la calidad del empleo de las que ya tienen un puesto de trabajo. El Gobierno de España destinará 3.700 millones de euros a esta estrategia durante los cinco años de vigencia. En cuanto a la accesibilidad, el Ejecutivo ha puesto en marcha los reales decretos de accesibilidad en edificios, transportes y sociedad de la información y está desarrollando el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.
Además, Valcarce se ha referido a la labor que ya están realizando centros de referencia en esta materia puestos en marcha por el Gobierno. Así, ha destacado el papel del Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya) como referente en la accesibilidad audiovisual o del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac) como centro que impulsa la adaptación y el Diseño para Todos de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad. Además del incremento general para la Ley de Dependencia de 2009, los datos proporcionados por las Comunidades Autónomas a fecha 2 de noviembre de 2008, un total de 397.414 personas son ya beneficiarios de la Ley de Dependencia.
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