Entrevista realizada a Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales:
¿A partir del 1 de enero qué deben hacer los posibles beneficiarios de la ley de Dependencia?
La ley entrará en vigor en 2007 con una aplicación progresiva que va desde esa fecha al 2015. El primer año se atenderá a lo que llamamos la gran dependencia, es decir, a las personas más afectadas. Los familiares deben dirigirse a los servicios sociales de su comunidad y solicitar la valoración. Un equipo de expertos certificará el grado de dependencia de los afectados para ver si son grandes dependientes, severos o moderados.
¿Cómo se beneficiarán en cada uno de los casos?
Habrá que elaborar lo que la ley llama el plan individual de atención, que será realizado por los servicios sociales con la participación del beneficiario y su familia. Es una cuestión pactada. Este plan recaba las prestaciones y servicios a los que va a tener derecho. Una persona podrá elegir entre quedarse en su casa y ser atendido por un familiar o bien ir a una residencia. Si se decide por un cuidador familiar, éste recibirá una prestación económica por su trabajo, además de ser dado de alta en la Seguridad Social y tener tiempos de respiro. La ley también prevé centros de día y de noche, así como unidades de respiro para dar descanso o vacaciones a los cuidadores familiares.
¿Cómo se va a desarrollar la ley hasta su puesta total en marcha?
Queremos que el cien por cien de los casos estén atendidos en ocho años y que los más graves lo estén en el primer año. Hay que tener en cuenta que hay situaciones muy duras y no podemos dejar pasar ya más tiempo. Este año hemos dedicado 200 millones de euros que se han transferido a las comunidades autónomas para que preparen todo el sistema, y en el año 2007 vamos a invertir 400 millones para financiar residencias, centros de día y de noche, ayuda a domicilio y cuidadores familiares.
¿Cómo se establece el reparto por comunidades?
Se hará en función del número de personas dependientes y de su grado y nivel. Hay otro mecanismo compensador que tendrá en cuenta el envejecimiento de la población y la dispersión dentro del territorio.
¿Habrá cesiones durante la tramitación en el Senado para que los nacionalistas den el visto bueno a la ley?
Poner de acuerdo a los grandes partidos es producto de un gran consenso social. Lo que refleja es la necesidad sentida de la sociedad española de que tenemos que hacer esto. La posición de CiU y de PNV es coyuntural, estoy segura de que tiene poco que ver con el fondo de la cuestión y vamos a hacer un gran esfuerzo por sumarles al consenso, sobre todo porque no hay ninguna razón de fondo que justifique su voto en contra.
Los familiares de enfermos mentales dudan de que la ley contribuya a paliar las grandes deficiencias de este colectivo.
La ley va atender todas sus necesidades. Esta ley supone una revolución social, un antes y un después. Cuando en los años 80 se garantizó sanidad y educación gratuita y de calidad para todos pocos suponían que se iban a construir tantos centros de salud, tantos colegios e institutos, hoy nuestro sistema de salud es el más eficiente del mundo, la joya de la corona del Estado de bienestar. Cuando hablamos de la ley de Dependencia la equiparamos al sistema de sanidad, al de educación y al de pensiones, es el cuarto pilar. Es una ley que garantiza un derecho universal con una inversión de 12.638 millones de euros del Gobierno central en los próximos ocho años. Es la mayor financiación que ha acompañado a ninguna otra ley.
¿Cómo se concreta en lo referente a la salud mental?
Precisamente para garantizar la atención a los enfermos mentales una de las enmiendas que se incorporaron es tener en cuenta en el baremo la necesidad de apoyo y supervisión para las actividades cotidianas de este colectivo. Un enfermo mental no puede gobernar su vida, hacen falta centros de día para su rehabilitación física, psicoterapia y reinserción social. Eso es lo que garantiza la ley y también centros de noche y ayuda a domicilio.
¿Tienen todas las comunidades autónomas el mismo nivel de compromiso con la ley?
En las comunidades autónomas en este momento hay grandes diferencias. Asturias es una de las que tiene un nivel de cobertura más alto, está entre las que cuentan con mejores servicios y mejores prestaciones, por lo tanto está en la mejor disposición. Pero a partir del 2007 todas las comunidades tienen que cumplir la ley, todas, esto no queda a la libre voluntad, porque todas van a recibir financiación para afrontar las obligaciones que la ley impone. Son derechos de los ciudadanos.
¿Sigue recomendando que no se tache la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la renta?
Jamás dije eso. A mí se me preguntó si estaba a favor de que se ponga la cruz en otros fines de interés social. Mi respuesta fue: claro que estoy a favor, pero eso no significa que pida que no se ponga en otro lado. Tengo gran respecto por las decisiones de los ciudadanos y saben que pueden ponerla donde más les interese.
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