Rosa trabaja de interna en una casa. De lunes a domingo cuida de un matrimonio de ancianos en un barrio del norte de Madrid. Limpia, hace la comida, va al mercado... Libra una tarde a la semana, pero esas horas tampoco descansa. Las dedica a hacer pequeñas tareas en una casa cercana. Necesita el dinero. Como empleada doméstica interna cobra menos de 600 euros al mes. No llega al salario mínimo interprofesional. Esta paraguaya de 45 años cotiza a la seguridad social a través del régimen especial de empleados del hogar. Según esta ley, no tiene prestación por desempleo. Y, si se pone enferma, no disfruta de una baja pagada hasta que lleve 29 días en cama; cuando las bajas retribuidas de los trabajadores del régimen general son a partir del tercero, y en los autónomos, del cuarto (aunque con el 60% del salario).
Un régimen anacrónico que les impide cotizar si trabajan menos de 72 horas al mes y que ni siquiera les garantiza un contrato de trabajo escrito que puedan blandir para hacer valer sus derechos en caso de conflicto con los empleadores. Es una regulación de 1985 que sitúa a las miles de empleadas domésticas que hay en España -en femenino, porque el 91,5% son mujeres- entre el trabajo y la servidumbre; y que sindicatos, organizaciones sociales y las propias empleadas llevan años intentando liquidar. Ahora negocian con el Gobierno la fórmula de inclusión en el régimen general de trabajadores.
"Las empleadas de hogar se enfrentan a una discriminación clara", critica Begoña San José, del Fórum de Política Feminista. "Son una fuerza vital en la sociedad. Mueven un engranaje de cuidados sin el que las cosas no funcionarían. A pesar de eso, están en una situación de enorme desventaja. Mucho tiene que ver con esa discriminación que la casi totalidad sean mujeres. Si los chóferes domésticos están en el régimen general de trabajadores, ¿por qué las empleadas domésticas no? Eso debe cambiar", exige.
La reforma no será pequeña. Más de 700.000 hogares españoles emplean a una trabajadora doméstica, según la Encuesta de Población Activa del INE. Sin embargo, solo 296.067 personas están afiliadas al régimen especial de empleo de hogar de la Seguridad Social. Un dato, en comparación, muy bajo -incluso a pesar de que hay empleadas que trabajan en varias casas-, que revela que muchas de estas personas ejercen al margen de legalidad. Y que, por tanto, carecen de derechos.
"No es solo que la legislación sea mala, sino que además se incumple sistemáticamente", apunta la economista Amaia Pérez Orozco, investigadora en temas de género. El régimen de empleo de hogar fija un tiempo de descanso de 36 horas a la semana, aunque no obligatoriamente continuadas, para estas empleadas. Una cláusula que no siempre se practica. Muchas internas, como Rosa, solo tienen una tarde libre cada siete días. La ley fija que no pueden cobrar menos del salario mínimo interprofesional (641 euros al mes). Pero si esa cantidad se calcula anualmente, cobran menos, ya que tienen dos pagas extras anuales de 15 días, frente a las dos pagas de mes completo del resto de trabajadores.
Las cosas, aunque poco a poco, comienzan a cambiar. Hace unos meses el Ministerio de Trabajo eliminó uno de los puntos más escandalosos del régimen. La opción de que se les descontase el 45% del salario en concepto de manutención y alojamiento (si era el caso). Una fórmula que, según Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, provocaba situaciones "verdaderamente penosas". No obstante, muchas empleadas la siguen sufriendo. Algunas por desconocimiento, pero otras porque su situación no les permite negociar nuevas condiciones de empleo.
Y es que a la situación de vulnerabilidad se añaden las dificultades provocadas por la crisis. Desigualdades más acusadas entre la población inmigrante, que supone el 60%. Un colectivo que ocupa la mayoría de los trabajos de interna, el sector donde la situación es peor. Una de cada tres empleadas de hogar internas inmigrantes no tiene papeles, según la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya (ATH-ELE).
Estas vulnerabilidades se analizarán esta semana en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se debatirán las claves para lograr un empleo doméstico "decente". Esta institución, que alerta de que esta es una de las formas de empleo más desprotegidas, donde la explotación es frecuente, propondrá a sus países miembros -183, incluido España- un convenio para lograr mejores condiciones en lo que considera un trabajo "infravalorado e invisible". Entre las medidas está la de fomentar el contrato escrito o que el periodo de descanso sea, al menos, de 24 horas seguidas a la semana.
Condiciones "lógicas" para Isabel Otxoa, asesora de ATH-ELE, quien sostiene que el convenio de la OIT -que los países tendrán que transponer si se aprueba- es un buen punto de partida. En él está también otra de sus reclamaciones históricas: que lo que se denomina en la norma española "tiempo de presencia" -las horas que la empleada interna tiene que estar en el hogar, a disposición de la familia- se contabilicen como tiempo trabajado. No como ocurre en el régimen actual, que fija un tiempo de presencia de siete u ocho horas, independientes a la jornada laboral.
La organización a la que pertenece Otxoa, una de las más activas del país, reclama de forma urgente que las empleadas del hogar se incluyan en el régimen general de trabajadores. "El empleo doméstico es un nodo de vulneración de derechos. Y las cosas no mejorarán hasta que se las considere de igual forma que el resto de trabajadores", dice la asesora.
Un punto de vista que comparte Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT. "El pacto de Toledo recomendó hace años que los regímenes especiales, como este, debían desaparecer e integrarse en el general o de autónomos, aunque manteniendo algunas particularidades", opina.
El Gobierno reconoce que el régimen de empleo de hogar adolece de desequilibrios. Admite que la situación no es buena. De hecho, mejorarla y equiparar sus derechos con los del resto de trabajadores fue una promesa electoral de Rodríguez Zapatero. Compromiso que aún no se ha materializado. Trabajo lleva desde 2007 intentando cambiar la norma, sin más éxito que unos pocos parches para las situaciones más escandalosas como el asunto del salario por manutención.
Ahora discute con las organizaciones sociales, patronal y sindicatos la fórmula para integrar a estas empleadas en el régimen general de trabajadores. Una inclusión que, según Granado, no es sencilla: "El régimen de trabajo de hogar tiene dos particularidades. La primera es que la relación laboral (las que están a tiempo completo sobre todo) entre empleador y empleada es una relación especial marcada por la confianza. Un factor que influye, por ejemplo, en el despido. Y la segunda es la cotización, ya que si trabajan menos de 20 horas a la semana estas empleadas no tienen que estar afiliadas a la seguridad social. Y eso crea altas tasas de economía informal".
Con la reforma, que a pesar del poco tiempo que queda de legislatura no se da por muerta, el Gobierno busca que el nivel de protección de estas personas sea similar al del resto de trabajadores. "Independientemente de que trabajen una hora o 26", dice Granado. Pero a nadie se les escapa que esto alzaría la cantidad que hay que aportar a la cotización, algo difícil en una época de crisis. Y más complicado aún, si se tiene en cuenta que en este sector no hay empresarios, sino familias -que deben cotizar si se pasa un número de horas-, a las que no se les puede imponer costes difíciles de asumir. "Hay que buscar una forma inteligente para que lo que ahora es economía informal no se convierta en economía sumergida", añade Granado.
La secretaria de Igualdad de UGT asume que, si se logra la inclusión, las cotizaciones se incrementarán irremediablemente. "Lo más difícil es conseguir que la equiparación de derechos no suponga que empleador o trabajadora se vean perjudicados", dice. Esto se puede conseguir estableciendo periodos transitorios, como se ha hecho con los trabajadores agrarios. "No puedes pasar de no cotizar a pagar 250 euros", dice.
El punto de mayor discrepancia es la prestación por desempleo, dice Granado, de la que carecen ahora estas empleadas. "Tiene que haber algún tipo de protección en ciertos casos, pero hay que discutir en cuáles y cómo", dice el secretario de Estado de Seguridad Social. En el resto de reclamaciones, la estructura está bastante armada: habrá contrato escrito y se equiparán las vacaciones, la jornada y las bajas de estas trabajadoras con las del resto.
Pero cambiar la norma no es tan fácil en algunos puntos. ¿Cómo vigilar la seguridad de las trabajadoras cuando la ley de prevención de riesgos laborales excluye a los hogares? Es más, hasta enero de este año la regulación no contemplaba la posibilidad de sufrir un accidente laboral o una enfermedad provocada por el trabajo. Cualquier accidente durante su jornada era considerado como común, con la consiguiente merma de derechos -por una enfermedad laboral se cobra el 100% del sueldo estando de baja-. Ahora, un parche en forma de enmienda en la ley de presupuestos de 2011 reconoce ese derecho, según Granado, que tendrá que ser perfilado a través de una norma con rango de ley. Y otra clave: es difícil controlar cómo se paga o se cobra en un hogar; un terreno en el que la inspección de trabajo no puede actuar. "¿Cómo hacer que ese derecho de la familia a mantener su privacidad no suponga una merma de los derechos de la trabajadora?", se pregunta Fontecha.
Grace Gallego lleva tiempo esperando la equiparación de derechos. Esta pedagoga colombiana de 50 años lleva 10 en España. Llegó un sábado y el lunes ya tenía trabajo de interna. Era la época de expansión del sector, que coincidió con la llegada de la inmigración a España. Ahora las cosas son distintas. "La crisis no ha disminuido el trabajo, pero sí ha provocado que las condiciones laborales empeoren", explica la economista Pérez Orozco.
Hace tiempo que Gallego forma parte de Sedoac, una asociación de empleadas de hogar que lucha para que se las incluya en el régimen general. Trabaja de interna desde hace unos meses en casa de un matrimonio mayor. Atrás quedó el tiempo en que el dueño de una casa en la que trabajaba la acosó. Una situación que la dejó, dice, "de médicos". Ella está bien, afirma, pero cada día ve situaciones que la espantan. "Ahora cobrar 800 al mes por trabajar todos los días a todas horas es una ganga. Mucha gente no cobra ni el salario mínimo y vive en unas condiciones lamentables". Y más lejos: algunas empleadas inmigrantes siguen pagando la cotización a pesar de haber perdido su empleo (o sin llegar al mínimo) para poder permanecer en situación regular en España.
"El empleo de hogar cubre situaciones diversas. En algunas, el Estado debería ser directamente responsable, por ejemplo, en el cuidado de ancianos o menores y en la conciliación", dice Orozco. "Trabajar de sol a sol por menos de 900 euros de lunes a domingo es una pasada", clama Isabel Otxoa "¿Esclavitud? Según los estándares, en la vieja Europa se puede considerar una situación de semiesclavitud, desde luego. El sistema, además, no deja otra opción. Está corrupto de base", sigue. La secretaria de Igualdad de UGT, además del compromiso del Gobierno, pide que los ciudadanos tengan más conciencia social. "La mayoría de empleadores somos a su vez trabajadores. Luchamos por tener condiciones de trabajo decentes, pero luego no lo ponemos en práctica en casa".
Y esa es la clave. Hasta que el empleo doméstico no sea considerado un trabajo digno, una labor tan válida y útil como cualquier otra, las reformas no terminarán con la desigualdad.
